CASO CORSI nota siete: CAMBIOS EN LA JUSTICIA PENAL CORDOBESA

                                        Caso Corsi, investigación exclusiva de
                                        IGOUNETNOTICIAS.COM, escribe
                                        Osvaldo Igounet, enviado especial a
                                        la provincia de Córdoba.


     Como pasa muy seguido en el mundo de la investigación periodística, una noticia suele derivar en muchas noticias, una trama tiende a bifurcarse en varias tramas y una historia de origen, por ejemplo el Caso Corsi; termina dando material para muchas historias diferentes, aunque relacionadas entre sí.
Por eso en esta nota hablaremos de la reformas judiciales que se están verificando en la provincia de Córdoba, sus causas probables, sus efectos buscados y los no deseados y como repercutirán (o no) estos cambios en la situación procesal de los detenidos Néstor Corsi y Rodolfo Raith; porque para bien o para mal los cambios que se están haciendo en el sistema judicial cordobés tienen directa relación con la suerte de muchos detenidos procesados o condenados.


                                           Juan Schiaretti, sucedió y precedió
                                           a de la Sota en la gobernación, nada
                                           cambió en la justicia penal...


    Para quienes siguen esta investigación hay que decir que hasta este mismo instante Corsi sigue encarcelado en el Penal de Cruz del Eje y Raith sigue preso en el Penal de Bower, ambos con las mismas condiciones procesales y carcelarias anteriores a la reforma judicial en curso.

¿Qué está pasando en Córdoba hoy?

La provincia tiene desde hace décadas un sistema procesal y penal muy criticado, según el cual las personas acusadas de cometer delitos y que son procesadas por ellos esperan su juicio en prisión, las personas condenadas pero con posibilidad de apelar o sea sin sentencia firme también siguen presos mientras se sustancian sus apelaciones. Resumiendo, lo que se conoce como prisión preventiva es casi siempre de efectivo cumplimiento, sin discriminar demasiado por tipo o gravedad de delito, antecedentes penales del procesado y demás consideraciones. Claro para quienes vivimos en la Ciudad de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires, donde desde hace algunos años casi nadie cae preso, o entran y salen en cuestión de horas, o se fugan cuando tienen ganas; el régimen cordobés puede parecer la panacea en cuestiones de prevención del delito, salvo que, y siempre hay un pero; la justicia cordobesa no es reconocida por su ecuanimidad sino más bien por ser exactamente lo contrario a eso.

En efecto si un sistema judicial NO es imparcial NI justo, si venganzas o revanchas personales, favores políticos o empresariales, espíritu de cuerpo o simple desdén son las normas cotidianas en que se encuadra ese sistema judicial, la política de prisiones preventivas de cumplimiento efectivo a rajatabla, terminan afectando las garantías constitucionales de la gente y hace que todos puedan ser amenazados con la prisión. Pensemos que en una comarca dada, pequeña, aislada, sin acceso a los medios nacionales, alejada de los grandes ejidos urbanos, como por ejemplo Cruz del Eje, fiscales, jueces y policías son los dueños virtuales de la población, aún de los políticos locales; ya que todos pueden ser víctimas del armado de una causa que indefectiblemente termine en prisión por años, tengas o no tengas sentencia. Cuando la justicia no es justicia, la dureza extrema en la aplicación de la prisión preventiva y el código de procedimiento penal;  suman inseguridad, terror y sumisión entre la población en vez de brindar paz y garantizar la seguridad y la aplicación leal de la ley.

Esta situación de abuso procesal en contra de reos verdaderos y/o de víctimas de causas armadas por diferentes razones son objeto desde hace algún tiempo de críticas muy duras por parte de los organismos de derechos humanos, de entidades judiciales del resto del país y son otro punto más de conflicto entre el gobierno nacional de Cristina Kirchner y el gobierno provincial de Juan Manuel de la Sota. Hay muchos pedidos para realizar auditorías a los penales cordobeses que son casi siempre rechazados, pero que se están volviendo una presión insostenible. A todo esto se le suma al gobierno provincial los escándalos provenientes de la infiltración que la policía cordobesa sufre de la industria del narcotráfico, redondeando así una situación político judicial de urgente resolución. de la Sota necesita sí o sí dejar de estar en la mira por tener a la provincia sumida y sumisa al narcotráfico, así como terminar con las historias de abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos y constitucionales de los presos y procesados, tan comunes en su sistema de justicia penal.

Soluciones a la cordobesa

                                          Dr Alejandro Moyano, nuevo Fiscal
                                          General de Córdoba. Asume hoy.


El gobernador de la Sota busca soluciones de alto impacto mediático, por ejemplo nombrar al Dr Alejandro Moyano como nuevo Fiscal General de la provincia, al que se le dió una misión extra al momento de la jura: combatir al narcotráfico. Para eso tendrá una policía especializada en el tema que lo asesorará en la materia y que se supone no está coaptada por el dinero sucio y podrá crear nuevas fiscalías para descentralizar las tareas e investigar más y mejor en toda la provincia. Claro que todos estos anuncios sólo sirven para que el gobernador venga a los canales de televisión porteños, por ejemplo TN y se declare el primer gobernador en combatir de verdad a la droga, aunque la realidad sea otra: para las nuevas fiscalías no hay presupuesto así que por ahora no se crearán y la policía antinarcóticos aún está en pañales por lo que su nacimiento efectivo demandará meses si todo marcha bien, así que en los hechos no existe y Moyano deberá seguir trabajando con la vieja y corrupta policía de siempre, al menos por un largo tiempo más.

El segundo frente de la Sota lo enfrenta aprovechando una causa de gran impacto mediático en la provincia: la megacausa del Registro de la Propiedad Inmueble; donde abogados, empresarios, martilleros, escribanos y empleados del registro ejecutaron estafas multimillonarias adulterando hojas enteras de asientos registrables de inmuebles, para ponerlos a nombre de dueños falsos que luego los vendían en sumas millonarias sin que sus verdaderos dueños lo supieran. Para eso se elegían inmuebles rurales, bien valuados y cuyos propietarios no fueran seguido por la zona. En enero del año 2012 fue sentenciado a 5 años y medio de prisión el empresario Jorge Petrone, dueño de la constructora Gamma y habitual aportante a las campañas de Luis Juez, Ramón Mestre hijo e incluso el propio de la Sota. El escándalo fue y es mayúsculo, con graves daños políticos para todos los involucrados, porque hasta el día de hoy Petrone sigue acusando a de la Sota de hacerle la cama por un "desacuerdo de negocios". Así que lo que se hizo fue, por primera vez en décadas, cambiar la conducta judicial respecto a la prisión preventiva y sumarse a la jurisprudencia nacional: ergo Jorge Petrone recuperó ayer su libertad, otros condenados como Lojo Freire salieron la semana pasada y así cada uno de los involucrados en la megacausa va saliendo libre hasta que "tengan sentencia definitiva" alguna vez... Claro, esto no se presentó como una prebenda a poderosos sino como un cambio en el criterio de la aplicación de la prisión preventiva, que servirá para acallar las críticas de los garantistas nacionales, calmar las acusaciones de Petrone y a lo mejor, liberar a otros detenidos por otras causas. Se dice que condenados sin sentencia firme son 837 casos que podrían pedir el mismo beneficio. A este número habría que agregarle a quienes como Corsi y Raith, están solo procesados sin juicio ni condena, que por lógica deberían también ser excarcelados.


                                                 Jorge Petrone es liberado


                                 Dr Francisco Lavisse, defensor de Petrone

Novedades procesales hay, escándalos político judiciales también. Ahora se verá si la "nueva" justicia penal cordobesa asume el principio de igualdad ante la ley o, como se sospecha, los poderosos logran ventajas (excarcelaciones) que los perejiles esperan casi sin esperanzas. Para tener una idea de estas desigualdades Lojo Freire está condenado por 52 delitos de estafas pero esperará TODAS sus apelaciones en libertad, mientras que Corsi, por ejemplo, enfrenta una docena de acusaciones por estafas menores, no fue juzgado, no tiene condena y aún así sigue preso en Cruz del Eje. Como dato accesorio es bueno saber que el defensor de Jorge Petrone el abogado Francisco Lavisse fue quien logró el "cambio" en la aplicación de las prisiones preventivas efectivas, ahora para caducarlas; pero que hace algunas décadas atrás, cuando se desempeñaba en la justicia cordobesa fue uno de los impulsores más vehementes para que las prisiones preventivas se cumplieran sí o sí. Qué cambio de criterio tan rotundo...

     Algo huele a podrido en Dinamarca... y en el sistema judicial cordobés también.


Osvaldo Igounet
IGOUNETNOTICIAS.COM
copyrigth 2014



 

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