CONGELAN TARIFAS DE LOS NUEVOS SERVICIOS ESENCIALES: ¿BUENA FE O GUERRA POLÍTICA?.

El gobierno emitió el DNU que declara a la telefonía celular, la televisión por cable y a las proveedoras de internet como servicios esenciales y les congela las tarifas o para decirlo correctamente las empresas que quieran o necesiten aumentar sus tarifas o suspender servicios deberán solicitar la autorización al gobierno nacional lo que las coloca en una clara situación de desventaja en esa "negociación".

El decreto es polémico porque pone a las operadoras en una postura incómoda dado por ejemplo que los contenidos del cable en general (películas, series, partidos, etc) son adquiridos en el exterior y se deben abonar en dólares. Si las tarifas se retrasan o el dólar se escapa sería inevitable entonces que el servicio sin ajuste tarifario se resienta. Por otro lado están quienes opinan que esto se hace para defender el bolsillo de los argentinos ante la inflación y los abusos empresariales. Este escriba se permite dudar de esta última afirmación.

Sabemos por experiencia que kirchnerismo y medios suelen llevarse mal y en ese marco el decreto parece más que nada orientado a disciplinar a Cablevisión y Fibertel, principales jugadores del sector, que pertenecen al grupo Clarín antes que cualquier otra cosa. Pero aún en el supuesto de una genuina intención del gobierno por regular precios y en vista de lo que pasó con las jubilaciones, el decreto sería otro duro golpe a la clase media. Durante este año se "aumentaron" más las jubilaciones mínimas por sobre las demás achicando la pirámide salarial y perjudicando a aquellos que aportaron de verdad toda su vida. ¿Qué impide que usen la misma lógica invertida?; o sea que les permitan a estas empresas aumentar tarifas al sector medio y alto para subsidiar a los sectores bajos. Nada lo impide.

En síntesis este decreto parece ser un capítulo más en la guerra kirchnerismo-Clarin por un lado cuyas consecuencias serán una baja en la calidad del servicio por falta de financiamiento y/o un aumento desmedido de tarifas a los sectores productivos con supuestos fines de justicia social.

Está claro que estas empresas suelen abusarse de sus clientes y necesitan ser vigiladas, pero este DNU emitido con la excusa de la pandemia y el parate económico parece más una cuestión política que otra cosa. La inclusión de la mal llamada cláusula Parrilli en el proyecto de ley de Reforma Judicial deja al descubierto que cuando Cristina mete mano en asuntos de comunicación y medios siempre se debe desconfiar de la veracidad y buena fe de los argumentos que se esgrimen. Estamos avisados.

Osvaldo Igounet 

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